Boletin

MIÉRCOLES 7 DE MAYO DE 2008

A través de la presente resolución el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha aceptado la propuesta formulada por el Vocal Coordinador de la Sala Penal Nacional y los Juzgados Penales Supraprovinciales referida a la posibilidad de otorgar facultades a diversos órganos jurisdiccionales para la adopción de medidas limitativas de derechos así como para calificar las de denuncias cuando existan detenidos.

Como se sabe, en la etapa preliminar (cuando aún no se ha instaurado un proceso penal) es posible, a solicitud del Ministerio Público, la restricción de determinados derechos. Sobre el particular la Ley Nº 27379 (Ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares) restringe su ámbito de aplicación a determinados supuestos: perpetración del delito por una pluralidad de personas o por organizaciones criminales (cuando se hayan comprometido recursos públicos o hubieren intervenido funcionarios o servidores públicos); los delitos previstos en los artículos 279-279-A y 279-B, en el capitulo II del Título XVIII del Libro Segundo del Código Penal y los delitos tributarios y aduaneros siempre que concurran las circunstancias de la pluralidad de intervinientes o la organización criminal, además de los Delitos de Terrorismo (D.Ley Nº 25475), Tráfico Ilícito de Drogas, Delitos contra la Humanidad y los Delitos contra el Estado y la Defensa Nacional.

No obstante ello, esta clase de medidas se rige por los criterios de necesidad y urgencia considerando que en la etapa preliminar es el Ministerio Público el que ejercita actos destinados a esclarecer el suceso delictivo a efectos de proceder a la promoción de la acción penal.

Teniendo en cuenta ello, y aludiendo de dificultades materiales y dilaciones para la imposición de esta clase de medidas y el traslado de detenidos, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha autorizado a los juzgados penales o mixtos de turno de los diversos distritos judiciales con excepción del Callao, Lima y Lima Norte, para que en observancia a esos criterios de necesidad y urgencia realicen pronunciamientos respecto a las medidas limitativas de derechos, detención preliminar, convalidación y otras que hubiesen sido establecidas legalmente, así como para que cuando exista detenido, el plazo de detención policial o preliminar se encuentre en su máximo límite y existan dificultades para el traslado del detenido ante los juzgados penales supraprovinciales, puedan calificar las denuncias, resolver la situación de los detenidos, recibir sus generales de ley, y remitir los actuados inmediatamente después a la mesa de partes única de los juzgados penales supraprovincial.

Las facultades señaladas en el párrafo anterior, se restringen a los delitos materia de competencia de los juzgados penales supraprovinciales y la sala penal nacional: delitos de tráfico ilícito de drogas en sus modalidades previstas en los incisos 6 y 7 y último párrafo del artículo 297 del Código Penal; Lavado de Activos previsto en la Ley Nº 27765, Secuestro y Extorsión contemplados en los artículos 152 y 200 del Código Penal así como los procesos por Terrorismo. La norma bajo comentario, precisa en su artículo Tercero, que la competencia por estos delitos corresponde a los procesos por delitos complejos con repercusión nacional, que sus efectos superen el ámbito de un Distrito Judicial o hubiesen sido cometidos por organizaciones delictivas.

Mediante la Resolución Administrativa Nº 156-2008-CED-CSJLI-PJ, publicado hoy en el diario oficial, se ha suspendido por un plazo de tres meses el ingreso de nuevas demandas y apelaciones de expedientes sin prevención a la Sétima Sala Civil.

Debemos señalar que la doctora Ana María Aranda Rodríguez, Presidenta de la Sétima Sala Civil de Lima, solicitó el cierre del turno de su judicatura debido a la sobrecarga procesal que afronta la cual asciende a más de 4152 expedientes.

Asimismo, se indico que mediante un informe técnico de área se indicó que la sala que cuenta con mayor carga procesal en su especialidad es la Sétima Sala Civil con 3 103 expedientes, recomendando el cierre temporal por un plazo no mínimo de 3 meses del ingreso de nuevas demandas y apelaciones de expedientes sin prevención.

Finalmente cabe indicar que el Consejo Ejecutivo Distrital consideró necesario dictar las disposiciones apropiadas que le permitan a la Sétima Sala Civil trabajar en condiciones similares y dar una respuesta adecuada y oportuna a las expectativas de los usuarios del servicio de administración de justicia, haciendo efectivo el principio de celeridad procesal.

Mediante la Resolución Directoral Nº 072-2008-BNP, publicada hoy en el diario oficial, se ha declarado en emergencia a la Gran Biblioteca Pública de Lima - sede Avenida Abancay, por un periodo de 180 (ciento ochenta) días calendario, así como la exoneración de procesos de selección en contrataciones que forman parte del proyecto de inversión pública denominado “Recuperación de la Gran Biblioteca Pública de Lima - Sede Abancay”, por un valor referencial ascendente a S/. 1’500,000.00 (un millón quinientos mil con 00/100 nuevos soles)

Cabe recordar que con fecha 28 de enero del 2008 se apersonó a las instalaciones de la sede de la Biblioteca Pública de Lima, personal inspector de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima Metropolitana quien mediante acta dejó constancia de una serie de observaciones referentes al no cumplimiento de las condiciones técnicas y medidas de seguridad establecidas por la autoridad, calificando como de alto riesgo a la sede en mención.

Asimismo, debemos señalar que a raíz de la evaluación realizada por Defensa Civil, el Director de la Oficina de Desarrollo Técnico de la Biblioteca Nacional del Perú solicitó que se declare a la Biblioteca Pública de Lima en emergencia por el período de 6 meses, así como la exoneración en los procesos de selección hasta por un monto de S/. 1’500,000.00 (un millón quinientos mil con 00/100 nuevos soles).

Finalmente cabe mencionar que, mediante Resolución Directoral N° 074-2008-BNP publicada el día de hoy en el diario oficial, se ha modificado el monto correspondiente a la exoneración de los procesos de selección previstos.

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