1. La legitimación para obrar activa, en defensa de los intereses difusos, únicamente puede ser ejercida por las entidades señaladas expresamente en el artículo 82 del Código Procesal Civil; de esta manera, el Pleno Casatorio precisa la imposibilidad de que un particular pueda iniciar un proceso con el fin de salvaguardar intereses difusos.
2. La transacción extrajudicial no homologada judicialmente puede ser opuesta como Excepción procesal conforme a lo regulado por el inciso 10º del artículo 446 e inciso 4 del artículo 453 del Código Procesal Civil, por interpretación sistemática de dichas normas con las que contiene el Código Civil sobre la transacción. La decisión referida a este punto es bastante polémica, debido a que en el Código Procesal Civil no se ha regulado expresamente esta excepción, sólo considerándose exclusivamente la oponibilidad de una transacción judicial, sin embargo con la doctrina jurisprudencial vinculante expedida en esta sentencia se abre la posibilidad de que la transacción extrajudicial también surta efectos como defensa de forma.
3.  

Es de recordar que los hechos que dieron origen al citado proceso judicial se suscitaron en junio del año 2000, cuando un camión de propiedad de la empresa Ramsa SA que transportaba mercurio de propiedad de la empresa Yanacocha SRL, provocó un derrame del mencionado mineral que provocó daños a la salud de pobladores de tres pueblos de Cajamarca, lo que originó la interposición de varios procesos judiciales por indemnización por daños y perjuicios Contra Minera Yanacocha SRL y Ransa Comercial S.A quienes opusieron la excepción de transacción erxtrajudicial. Todos estos procesos llegaron a la Corte Suprema, siendo el caso que las dos Salas Supremas Civiles expidieron sentencias contradictorias.

Sin embargo para ejercer el referido derecho de retracto, las circunstancias del contrato sólo podrán encuadrarse en los siguientes supuestos:

Los contratos relativos a la construcción, venta y arrendamiento de inmuebles así como contratos de seguros y compraventa de bienes perecederos no se verán sujetos a esta normativa, salvo cuando la adquisición del contrato de seguro se haya consentido vía telefónica.

Otro aspecto importante, talvez el de mayor relevancia de la norma es la obligación de cambiar la placa de rodaje para todos los vehículos, en efecto, se establece el reemplazamiento general extraordinario ante la zona registral en que se encuentra inscrito cada vehículo, de todos los vehículos que conforman el parque vehicular nacional y que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del presente reglamento. El referido acto extraordinario deberá concluir en un plazo no mayor de dos años contados a partir de la entrada en vigencia del presente reglamento (24/10/2008)

En ese sentido, el Ministerio de Transportes aprobará, previa coordinación con la Sunarp, el cronograma de reemplazamiento general extraordinario dentro del plazo de 90 días calendario de entrada en vigencia del reglamento materia de comentario.

Uno de los aspectos más polémicos de la anterior Decreto Legislativo aludido era el referido a la inversión de la carga de la prueba, por tal motivo la actual Ley ha previsto que la misma corresponde al Ministerio Público.

Se señala además que los bienes adquiridos por el Estado por medio de este proceso deberán ser subastados públicamente dentro de los 90 días de declarado el dominio privado a favor del Estado por la autoridad competente.

Asimismo la Ley precisa que las causales para el inicio de la investigación se restringen a los bienes o recursos afectados en un proceso penal (agentes procesados por tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, lavado de activos; bienes o recursos afectados e un proceso penal que provenga de una actividad ilícita o de la enajenación de otros de origen ilícito o destinado a actividades ilícitas, suprimiendo las actividades ilícitas comprendidas en los delitos contra el patrimonio y la libertad sexual).

Una innovación importante en la materia es la referida a la inclusión del Código de Procedimientos Penales dentro de las normas supletorias aplicables al presente proceso así como la exclusividad del fiscal para solicitar el dictado de medidas cautelares sobre los bienes muebles e inmuebles objeto del proceso.

Merece destacar que la Ley prevé las causales de nulidad, regidas por los principios de legalidad, finalidad y trascendencia que pueden ser alegadas en el presente proceso:
a.- Ausencia o defecto de notificación
b.- Negativa injustificada del Juez a admitir un medio probatorio o a actuar una prueba oportunamente admitida

Sobre el particular, debe señalarse que en el Derecho Concursal rige el principio de colectividad, en virtud del cual se faculta a la totalidad de los acreedores que se ven afectados por la crisis patrimonial del deudor concursado para intervenir en la toma de las decisiones referidas al destino del patrimonio del deudor y en la determinación de las nuevas condiciones y términos de pago de sus créditos. El otorgamiento de estos derechos políticos a favor de los acreedores está supeditado a que estos se apersonen al procedimiento concursal, en la oportunidad que establezca la LGSC, y obtengan el reconocimiento de sus respectivos créditos por parte de la autoridad concursal (la Comisión).

Así, el artículo 34.1 de la LGSC establece que tienen derecho a participar con voz y voto en las reuniones de junta, los acreedores apersonados dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la situación de concurso del deudor y que hayan sido reconocidos por la autoridad concursal; en tanto que conforme el artículo 34.3 de la mencionada norma, carecerán de tales derechos los acreedores que se apersonen con posterioridad al plazo antes indicado. La finalidad de estas disposiciones es que el universo de acreedores integrantes de la junta de acreedores esté conformado únicamente por aquellos que solicitaron oportunamente el reconocimiento de sus créditos, confiriéndose así de seguridad a los acuerdos adoptados en el seno de dicho órgano.

No obstante, debe precisarse que el régimen general sobre conformación de Juntas de Acreedores que prevé el artículo 34 de la LGSC, contempla una excepción en caso de que la empresa concursada ingrese a un proceso de liquidación. En efecto, el artículo 74.6 de la norma concursal establece que “en virtud del fuero de atracción de créditos que opera por el inicio del proceso de liquidación, los titulares de créditos devengados con posterioridad a la fecha de publicación de la situación de concurso del deudor deberán apersonarse al procedimiento para obtener el reconocimiento de sus créditos y poder participar en la Junta de Acreedores”.

En mérito a dicha disposición es posible que se incorporen al procedimiento concursal los acreedores titulares de créditos post-concursales que originalmente no se encontraban contenidos por haberse devengado con posterioridad a la publicación de la situación de concurso (“fecha de corte”), así como los acreedores titulares de aquellos créditos generados desde la fecha de inicio del proceso de liquidación hasta la fecha de declaración judicial de quiebra del deudor; no siendo posible que se abarquen otros supuestos distintos a los señalados.

La incorporación al procedimiento de los créditos post-concursales por efecto del fuero de atracción de créditos en procesos de liquidación se da en virtud de la particular situación de sus titulares, quienes quedan comprendidos en el procedimiento únicamente cuando el deudor es sometido al proceso de liquidación. Esto es, la obligación de los acreedores post-concursales de apersonarse al procedimiento para obtener el reconocimiento de sus créditos y participar en la Junta de Acreedores surge recién a partir de la declaración de liquidación de la empresa concursada, no siéndoles aplicables las disposiciones del artículo 34 de la LGSC que regula el plazo y los efectos del apersonamiento de los titulares de créditos devengados hasta la fecha de publicación del estado de concurso del deudor.

Ahora bien, la SDC señala que la mencionada regla excepcional contemplada en el artículo 74.6 de la LGSC no es aplicable a los acreedores titulares de créditos generados hasta la fecha de publicación de la situación de concurso (tanto los apersonados oportunamente como aquellos presentados tardíamente), quienes están sujetos al régimen general que contempla el artículo 34 de LGSC. En este sentido, en un procedimiento de liquidación, los acreedores que se apersonen tardíamente al procedimiento concursal podrán obtener el reconocimiento de sus créditos, pero continuarán impedidos de ejercer derecho político alguno en la Junta de Acreedores.

Esta disposición se dio en el marco de asociaciones sin fines de lucro que no permiten el ingreso en calidad de socio a las mujeres, pero sí a los hombres. No cabe duda que esta disposición es inconstitucional. En efecto, esta disposición pretender resolver un conflicto presentado entre el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres y el derecho a la libertad de asociación.

Si bien es cierto los particulares también están obligados a respetar los derechos fundamentales de los demás, por lo que están vinculados a ellos (artículo 43 de la Constitución), no se puede sostener en lo absoluto que estén vinculados de la misma manera que lo están los agentes del Estado o los poderes públicos (efectos verticales). Ello es así en la medida de que mientras el Estado no tiene derechos fundamentales, los particulares sí; por ello ahí (una relación entre particulares) donde se exige el respeto de un derecho constitucional están en juego otros derechos constitucionales, la autonomía privada misma. Por ello, se concluye que los particulares son titulares de los derechos fundamentales y a la vez destinatarios de las obligaciones que se desprenden de ellos. Esta es una primera razón por la cual el Estado no puede obligar a los particulares de la misma manera que a los órganos estatales sobre el respeto al derecho a la igualdad, pues ello linda, irremediablemente, con la autonomía privada.

Pues bien, el numeral 2 del artículo 2 de la Constitución, que reconoce el derecho a la igualdad, garantiza que el trato que se brinde a las personas responda a sus especiales condiciones, de ahí que no se puede tratar a todos por igual ni establecer un trato diferenciado sobre la base de razones desproporcionales o subjetivas; sino que debe estar plenamente justificado por la naturaleza de las cosas y sobre criterios objetivos. Discriminación será, entonces toda diferenciación establecida sin que se haya hecho referencia a criterios objetivos y que, por el contrario, tenga por objeto generar situaciones de desventaja. Por su parte, el decreto supremo comentado señala que para los términos de sus disposiciones se entenderá por discriminación lo recogido por el artículo 2 de la Ley de igualdad de oportunidades entre varón y mujer.

El otro derecho que se encuentra involucrado y que se ve restringido arbitrariamente por la norma analizada, es el derecho de asociación (numerales 10 y 17 del artículo 2 de la Constitución), cuyo contenido constitucional garantiza que cualquier persona se asocie con otras, “libremente y de modo permanente, en función de determinados objetivos o finalidades, las mismas que, aunque pueden ser de diversa orientación [lucrativos o no lucrativos], tienen como necesario correlato su conformidad con la ley” (STC Nº 4938-2006-PA/TC, FJ Nº 5 y 9). Asimismo, su ejercicio es individual, pero se ve concretado dentro de una colectividad. La libertad de asociación es una determinación personal, basado en el principio de autonomía de la voluntad (STC Nº 7953-2006-PA/TC, FJ Nº 6 y 12.); se ejerce de manera continua y permanente en el tiempo. A la asociación le asiste la facultad de auto organización (STC Nº 4241-2004-AA/TC, FJ Nº 5.), ello implica la capacidad de decidir con quien y como vincularse con otros. A pesar de esta libertad de auto organización, no es absoluto sino que soporta los límites de todos los bienes constitucionales (sociedad democrática, seguridad nacional, seguridad y orden público, salud y moral públicas, y otros derechos fundamentales) como el derecho fundamental a la igualdad.

Sin embargo, debemos recordar que el grado de vinculación a los derechos fundamentales de los privados e distinta a la de los órganos del Estado. En efecto, la protección que brindan los derechos fundamentales se da, en principio, frente al Estado, en su posición de dominio y la consecuente posición de indefensión y desventaja en la que se encuentra un individuo. Atendiendo a esa lógica se puede decir que entre más intensa sea la situación de desventaja en que se encuentre un privado frente a otro privado (como la relación laboral) la exigencia del respeto de derechos fundamentales será mayor que en aquellos casos en los que la relación es estrictamente privada. Pues bien, la disposición materia de comentario, no toma en cuenta que se trata de asociaciones que realizan actividades netamente privadas en cuyos ámbitos la exigencia de garantizar y respetar los derechos fundamentales tiene que respetar la autonomía privada, la cual sirve de fundamento al derecho de asociación sobre el que se erigen las asociaciones sin fones de lucro. En consecuencia, esta disposición vulnera el derecho de asociación –en su facultad de auto organizarse–  y, por lo tanto, es inconstitucional.